La Alianza Progresista del Caribe (CPA), una asociación formada durante una reunión de COPPPAL en St Maarten, en mayo de 2017, con organizaciones miembros de los restantes países no autónomos en general, a nivel mundial y regional, con un énfasis particular en las islas de las antiguas Antillas Holandesas.
Entre nuestros miembros en crecimiento figuran Puerto Rico, San Andrés, Providenciales y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, B.V.I., los territorios de ultramar franceses y holandeses.
El CPA ha seguido con consternación e incredulidad el trato dispensado por el gobierno holandés al pueblo de las antiguas Antillas Neerlandesas, especialmente las islas BES de Bonaire y San Eustaquio. Durante los últimos siete años, el gobierno holandés ha hecho todo lo que estaba en su poder, para frustrar y obstaculizar el correcto funcionamiento de los gobiernos debidamente elegidos en estas islas.
A través de instrumentos tales como, entre otros, instrucciones al Vicegobernador, extralimitación por parte de un representante designado del Reino, que es un funcionario público, con autoridad otorgada por el gobierno holandés para bloquear o demorar cualquier acción legítima del gobierno que los holandeses aprueben.
Además, el gobierno holandés ha procedido a anclar estas islas en la constitución holandesa en contra de los deseos de los pueblos expresados en referendos celebrados en ambas islas.
El gobierno holandés, aunque no cumpla ningún acuerdo ni cumpla con sus obligaciones social, económica o políticamente con las islas, ha decidido unilateralmente sin diálogo o consulta con el gobierno de San Eustaquio debidamente elegido, dejando de lado la voluntad del pueblo, a través de un método de mayor supervisión y administrar la isla por un comisionado administrativo designado por los holandeses.
Esta acción no se ajusta a los principios de la democracia o de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas que prescribe una medida completa de autogobierno.
El CPA se opone con vehemencia a esta acción antidemocrática y draconiana del gobierno holandés, en la injusta toma del gobierno de San Eustaquio y la anulación de los miembros debidamente elegidos del consejo de la isla y los comisionados designados.
Por el buen orden que queremos dejar perfectamente claro, condenamos y rechazamos esta acción como ilegal, draconiana y sin mérito o justificación, y nos solidarizamos con nuestra isla hermana en su lucha por la justicia y el derecho a una medida completa de sí mismo gobierno.
Por lo tanto, buscaremos una reparación en cooperación con San Eustaquio por todos los medios legales disponibles para nosotros.
